¿Diálogo y negociación?

Artículo publicado por ABC.

Después de la nueva formación del nuevo Gobierno de España, no falta quien cree que el problema generado por los secesionistas catalanes se puede resolver mediante el diálogo y una negociación que lleve a un nuevo marco institucional y de financiación; y es posible que ese sea el camino, pero es imprescindible apuntar algunos elementos que debemos considerar.

No olvidemos que para los separatistas no hay un problema de reparto de competencias, sencillamente, las quieren todas; tampoco hay un problema de financiación ni de recursos económicos, los quieren todos; y tampoco es un problema de relación política entre Catalunya y el resto de España, porque no quieren ninguna relación política. Es que esa es precisamente la definición de separatista.

Así, el principal problema está en qué, una parte de los catalanes quieren imponer a la otra su visión reduccionista de Catalunya, pero no solo a los catalanes, también a los españoles y de paso a los europeos.

No está de más, recordar que esta misma semana en el Parlament, el nuevo President de la Generalitat ha explicitado cuáles son los temas que quiere dialogar con el nuevo Gobierno de España: la situación de los políticos presos y fugados, y la autodeterminación de Catalunya para dar cumplimiento al mandato del presunto referéndum del 1-O. Nada nuevo en el horizonte, por esto ha fracasado hasta hoy la oferta de diálogo de los gobiernos de Rajoy.

Para abordar la resolución del conflicto generado es imprescindible un compromiso de lealtad, en primer lugar con el conjunto de la sociedad catalana a la que se ha mentido reiteradamente desde el inicio del proceso independentista, pero sobretodo lealtad con una cosa tan elemental como el estado de derecho, la legalidad, incluso con la propia legalidad catalana que también se ha visto vulnerada. No se trata de que nadie renuncie a sus objetivos políticos, se trata de que todos nos comprometamos con la ley.

Solo si se cumple esta premisa, se puede abordar desde el diálogo y la negociación como nos organizamos, pero no para satisfacer a los políticos, sino para satisfacer la sociedad a la que servimos.

Un President, ¿provisional?

Fruto de la imaginación que le ponen al relato separatista, se ha venido a denominar la Presidencia de Quim Torra, como provisional. Se basan en la falsa realidad de que Puigdemont continúa siendo President y en que el principal objetivo del sucesor no es otro que reestablecer al anterior: una vez más el separatismo se mueve en recrear un ambiente ficticio que es lo que sustenta ese relato que nos debería llevar a los catalanes a tener helado de postre cada día.

Oídas las intervenciones en las sesiones de investidura, conocido el pensamiento y opinión del nuevo President expresados en sus artículos, ciertamente que más bien poco podemos esperar de su acción de Gobierno. Conoceremos en breve la composición del Gobierno que será la siguiente prueba de sus verdaderas intenciones, la primera ya la expresó en su toma de posesión ignorando la arquitectura del Estado y asumiendo en exclusividad la única autoridad de un Parlamento con una, también ficticia, mayoría independentista.

Un Gobierno con consejeros que, atendiendo a su situación procesal, no tendrán ninguna capacidad de actuar como tales, demostraría que su único propósito es mantener el desafío a la democracia y al Estado de derecho que es lo que seguramente le preocupa a él, pero en ningún caso serviría para resolver los problemas y mejorar la calidad de vida de los catalanes, que es para lo que debería servir un Gobierno y la política.

Si los propósitos del nuevo Gobierno son los expresados por el President como desarrollar una república catalana que no existe, bajo la dirección de un consejo de la república que tampoco no existe, elaborando una constitución catalana bajo la dirección de una presunta asamblea de cargos electos exclusivamente separatistas cuyo objetivo es suplantar el Parlamento -y de paso acallar las voces críticas-, todo ello sustentado en el mandato inexistente de un referéndum también inexistente, los catalanes, vamos camino inexorablemente de nuevas acciones por parte del estado para reestablecer la democracia y la libertad, que es lo que está en juego en Catalunya.

Así pues, vistos los (des)propósitos del President, el carácter de provisionalidad toma un sentido distinto, ya que podríamos estar ante un President breve: solo de él depende.

155 necesario, pero no suficiente

Artículo publicado por ABC.

Es muy posible que después de tanto hablar de la aplicación del artículo 155 a la Generalitat de Catalunya, se haya trasladado la impresión de que el problema del independentismo y del desafío al Estado de Derecho se podía resolver con unas pocas semanas de “gobierno constitucionalista”.

Nada más lejos de la realidad, el objetivo de la aplicación del ya tan conocido artículo 155, no es otro que el de devolver las instituciones y  la sociedad catalanas a una situación de normalidad, dentro de la excepcionalidad y también devolver la voz a los catalanes, a todos, para elegir un nuevo Parlament, que a su vez debería escoger un nuevo Govern. Y es aquí donde topamos con la realidad: si bien no existe una mayoría social independentista, sí hay 2 millones de catalanes que consideran y votan esas opciones, que además les otorgan una ficticia mayoría absoluta en el Parlament, fruto simplemente de una determinada distribución territorial de los votos.

Si bien la aplicación del artículo 155 permite abordar una situación a corto plazo garantizando a la vez la continuidad de los servicios públicos, de ninguna manera puede suponer, ni que alguien se empeñe en ello, dar la vuelta como a un calcetín a cuarenta años de vicios nacionalistas en la administración catalana. Debemos fijar la mirada a más largo plazo, con medidas más estructurales que permitan reducir la desafección hacía España que en estos momentos percibe tanta gente en Catalunya, fruto de tantos años de “normalización” del nacionalismo.

Hoy resulta imprescindible recuperar la convivencia en Catalunya, porque pese a que algunos se empeñen en lo contrario, la convivencia está seriamente dañada y para ello es imprescindible recuperar el espíritu, pero sobre todo el valor de los consensos que nos han permitido progresar con España y con Europa, durante los últimos cuarenta años.

Democracia, ley, diálogo y consensos son las herramientas que debemos utilizar para recuperar Catalunya y no son eufemismos, como suelen ser utilizadas por los independentistas.

Después de todo, para resolver la situación en Catalunya la aplicación del artículo 155 era condición necesaria, pero debemos tener presente que ni es, ni pretendía ser suficiente.

Realidad virtual

Artículo publicado por ABC.

La política catalana sigue instalada en una realidad virtual, lo que ahora viene a llamarse postverdad, y vamos sumando capítulos de lo que para muchos es surrealista, pero para sus protagonistas es justicia, eso sí, su justicia. Mientras, la sociedad catalana permanece dividida, la economía acongojada y las oportunidades de bienestar para muchos catalanes se desvanecen con los despropósitos de los políticos.

Ahora toca rebobinar. Dicen que fruto de una «resolución» del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas «a favor» de Jordi Sánchez, debe volver a intentar someterse a la investidura. Esta afirmación es su falsa realidad, porque no existe tal resolución, sino simplemente una carta del 23 de marzo, en la que se acusa recibo y se comunica el registro de la presentada por el representante de Jordi Sánchez el 21 de marzo. Exacto, dos días después de recibir la comunicación, el comité comunica la recepción, no resuelve absolutamente nada. En dicha carta se cumplen los requisitos que exige el Reglamento de dicho comité (artículo 92). Concretamente, informar al Estado de la existencia de esa denuncia por si considera debe adoptar medidas, advirtiendo que ello no implica ningún juicio sobre el fondo de la cuestión. Esta es la realidad, la auténtica.

Siendo esto como es, ¿qué motiva este paso que no parece que vaya a tener más fortuna que el anterior? Pues tiene dos objetivos: el primero repetir hasta que todo el mundo, especialmente los catalanes, lo tengan como un hecho, que el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha resuelto contra España, lo cual como ya hemos visto es falso. El segundo, volver a desacreditar las instancias judiciales españolas que, siguiendo órdenes del gobierno del PP, impiden el ejercicio de derechos políticos a un independentista, lo cual obviamente, también es falso.

Este es solo un reflejo del auténtico drama de la política catalana, donde hace años, seis con mayor intensidad, se impone la postverdad sin que seamos capaces de neutralizar esta realidad virtual, quizás porque nunca se consideró necesario. Ahora es imprescindible abordarlo desde el Estado para revertir esa situación que solo contribuye a deteriorar la convivencia y el progreso de una de las comunidades más dinámicas de España.

No cabe la resignación

Artículo publicado en ABC.

Tres meses después de las elecciones, Catalunya sigue víctima del bloqueo a que los independentistas tienen sometido al Parlament sin que parezca que ninguna solución, más o menos estable, esté encima de la mesa.

Los plazos que iniciarían la cuenta atrás hacia una nueva convocatoria electoral, y que al menos fijarían un horizonte temporal, siguen suspendidos sin que, quien tendría la mayor legitimidad para levantar la suspensión, el partido que ganó las elecciones, esté, ni se le espere: presentar candidatura sin tener la investidura garantizada ni es imposible (Pedro Sanchez lo hizo con el apoyo de C’s, ni el mismo Jordi Sanchez tendría garantías), ni debe ser privilegio de los independentistas; no debemos resignarnos.

A los candidatos imposibles, les seguirán otros que, presumiblemente podrían alcanzar un debate de investidura, incluso la podrían llegar a superar, pero con un futuro judicial más que dudoso y que presumiblemente no permitirá un gobierno que dé estabilidad a las instituciones catalanas, ni una mínima seguridad jurídica a los actores económicos, ni la garantía de los servicios públicos, ni la tranquilidad a la sociedad catalana.

Que nadie piense que es casualidad, o fruto de la aritmética parlamentaria, en todo caso, aprovechan la aritmética parlamentaria para mantener su ficción, la ficción de un república catalana, que ni existe, ni existirá más allá de una lujosa mansión de Waterloo. Es su propósito mantener Catalunya en la inestabilidad, demostrando que en realidad, Catalunya, es lo que menos les importa.

Ante esta situación, no cabe la resignación, y la manifestación de ayer en Barcelona, fue un claro ejemplo de que miles de catalanes no estamos dispuestos a resignarnos a esta situación, ni a que las instituciones catalanas estén permanentemente sometidas a los políticos independentistas, y a sus milongas.

Así, es imprescindible fijar la vista en el horizonte y recuperar la Catalunya de convivencia y tolerancia que nos ha permitido progresar y alejar la fractura y los resquemores que hoy nos dividen y empobrecen. Es nuestra obligación, la de quienes compartimos estos objetivos, conseguir juntos las mayorías necesarias que nos permitan alcanzar metas, en beneficio del conjunto de la sociedad catalana y española.

La responsabilidad del 155

Artículo publicado en ABC.

El ejercicio de gobernar comporta tomar decisiones que no siempre son del gusto de los gobernados, y a veces tampoco de los propios gobernantes, pero siempre, y evidentemente es un criterio subjetivo, se consideran decisiones necesarias para la sociedad. Si no fuera así, simplemente no se tomarían.

Es el caso del uso del artículo 155 de la Constitución Española, nunca utilizado con anterioridad y que se vuelve ahora imprescindible para devolver a las instituciones catalanas a la legalidad y al marco jurídico de convivencia del que hace 40 años nos dotamos de forma consensuada.

La cuestión que hoy se debate en todos los foros políticos de España no debería ser la oportunidad de usar el tan citado artículo sino lo que ha llevado al Gobierno de la Generalitat de Catalunya a situar en el límite de la tensión política, social y económica a la sociedad catalana.

Los separatistas llevan años mintiendo sobre las bondades del “procés” y forzando, cuando no vulnerando la legalidad, pero hoy ya se ha visto que éste ni es un proceso pacífico, ni neutro económicamente, ni aplaudido por ninguna autoridad internacional y que, además, supone violentar el marco jurídico de convivencia. Entonces, ¿qué justifica que el Govern de la Generalitat se mantenga en sus propósitos a pesar de los enormes costes que representan para los catalanes? Sin duda no son beneficios para la sociedad, porque no los hay, sino que más bien son objetivos partidistas. Son legítimos siempre que se reivindiquen a través de la ley, pero extraordinariamente injustos cuando estos objetivos suponen el menoscabo de la convivencia, y el empobrecimiento social y económico de una sociedad, pero además son ilegítimos cuando estos se persiguen a costa de la democracia y del estado de derecho.

Así, el uso del artículo 155 deviene imprescindible para recuperar para las instituciones catalanas su legitimidad democrática, devolver a la sociedad catalana al marco estable de convivencia que nos ha permitido progresar durante los últimos 40 años, con aspectos mejorables sin duda, pero con recorrido a largo plazo.

La aplicación y desarrollo de esta previsión constitucional no puede verse como una suspensión del autogobierno, sino precisamente como una protección del mismo ante aquellos que pretender dilapidar todo aquello que nuestra sociedad hemos conseguido en los últimos 40 años.

Hubiera sido mucho mejor no tener que desarrollar este artículo, pero si está siendo así no es por gusto de quien se ve en la necesidad de aplicarlo, sino por la testarudez de quien, teniendo la responsabilidad de gobernar, no ha tomado las decisiones adecuadas.

Tristeza

Artículo publicado en ABC.

Hace años que intentamos explicar que el famoso derecho a decidir (recuerden que se trata de un eufemismo) y el referéndum (en estas mismas páginas advertí que era un trampantojo), no han sido en ningún caso el objetivo que perseguían los separatistas, sino simplemente una excusa para llegar a la situación en la que hoy nos encontramos.

El Govern de la Generalitat primero con Mas, ahora con Puigdemont y Junqueras a la cabeza, hace algunos años que ya tenían decidido que llevarían a Catalunya al punto en el que nos encontramos. Para ellos el derecho a decidir siempre ha consistido en que eran ellos los únicos legitimados para decidir dónde llevar a Cataluña. Necesitaban una mayoría social que les respaldara en su objetivo, que les sirviera de coartada en su decisión, y por ello han intentado sumar a catalanes, con la mentira del derecho a decidir, como eufemismo del derecho a la autodeterminación.

Y así estamos, Puigdemont  máximo responsable de, especialmente desde el 6 de septiembre, ignorar y vulnerar derechos y libertades de millones de catalanes y después. Empecinado en simular un referéndum, porque solo necesitaba una simulación, ahora ha lanzado a parte de la población contra la otra parte y contra aquellos que tienen como misión defender los derechos de toda la ciudadanía, como son los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad.

Escribí estas líneas durante el día de ayer, jornada de huelga general “improvisada” por la violencia del 1-O… ¿Seguro? No, es falso: la convocatoria de la huelga data de 21 de septiembre como queda reflejado en la Orden de la Generalitat de 30 de septiembre que fija los servicios mínimos por la huelga convocada desde el 3 al 9 de octubre. Para mayor insulto, resulta que es la misma Generalitat la que incita a la realización de la huelga, por ejemplo, garantizando que los funcionarios que la hagan no verán alterados sus salarios, lo que de paso sirve para conocer qué funcionarios no hacen huelga ni cobrando. Y éstos son los que pregonan a los cuatro vientos que esto de la independencia es democracia y libertad.

Tristeza, mucha tristeza es lo que me produce, seguro que igual que a la mayoría de catalanes independentistas o no, porque esta situación que está creando conscientemente el Govern de la Generalitat y sus socios y que consiste en señalar y apuntar a presuntos enemigos, no beneficia a nadie, ni a Cataluña, pero sí perjudica a todos, incluso a aquellos que de buena fe en algún momento se creyeron aquello de “la revolución de las sonrisas”.

Es la democracia

Artículo publicado por ABC.

Son ya cinco años los transcurridos desde que Artur Mas, lanzara el órdago independentista a la democracia española. Muchas han sido las imágenes que en otras tantas jornadas revestidas de épica han intentado adornar los independentistas, sus reivindicaciones. Pero la épica se agota y se empieza a visualizar la auténtica cara del órdago, que no es más que un órdago a la democracia.

El Pleno del Parlament de la semana pasada donde se atropellaron torpemente los derechos de los diputados de la oposición, es una de las auténticas imágenes del proceso independentista. Una exigua mayoría absoluta de diputados, que no alcanza a representar a la mayoría de ciudadanos, llegó incluso a apelar sin rubor a sus derechos constitucionales para aprobar sendas leyes “excepcionales y supremas” que pretenden superar la Constitución y el Estatut.

Qué gran paradoja que en un Parlament democrático en el que se elaboran leyes que obligan a los ciudadanos, se diga que hay leyes que se pueden ignorar. Entonces, ¿qué autoridad democrática le queda a ese Parlament? ¿Existe una autoridad moral superior que se arroje la potestad de decidir qué leyes se aplican y cuáles no? Si esto fuera así, no podemos estar hablando de democracia, ni de proceso democrático, sino de todo lo contrario.

No hace falta demasiado más que una lectura de la suspendida ley del referéndum, donde se pretenden suspender los derechos democráticos de los catalanes, por ejemplo donde se suspenden las garantías jurídicas y se crea una Junta electoral independentista como máximo órgano electoral. O a la también suspendida ley de transitoriedad, donde el nombramiento de jueces se atribuye al President, o se encarga la redacción de una hipotética constitución a órganos extraparlamentarios, carentes de ningún tipo de mandato representativo. La denuncia del uso de métodos chavistas, no es ni una ocurrencia, ni una casualidad, es una realidad que la semana pasada se hizo perfectamente visible en el Parlament de Catalunya.

Lo que en estos momentos está en juego en Catalunya, no es solo el hipotético futuro de los catalanes al margen de España y de Europa, lo que está en juego es la democracia y el Estado de Derecho, que es la garantía de convivencia, pero también de progreso de nuestra sociedad.

Sin duda el reto hoy debe ser preservar la democracia en Cataluña, pero el día 2 de octubre el reto debe ser devolver las instituciones catalanas al camino de la democracia y del Estado de Derecho que es el único que puede garantizar la prosperidad de nuestra sociedad.

Sin sentido del ridículo.

Artículo publicado el 2 de agosto en ABC.

Desde que hace cinco años Artur Mas decidiera sumarse a los radicales que rodeaban el Parlament de Catalunya, y empezara este “procés” inacabable, es muy cierto que una cosa han conseguido, y es llamar la atención internacional. Desde aquel momento han sido muchos los medios de comunicación, pero también los diplomáticos de numerosos países los que se han interesado por la situación que vive la política catalana, y digo la política, porque es bastante diferente a la situación que viven los catalanes.

Ya recientemente, cuando los independentistas pretendían modificar el reglamento de la cámara, para aprobar de forma exprés sus leyes de desconexión, algunas delegaciones diplomáticas ponían en duda el carácter democrático del “procés”, y es de prever que durante la pasada semana, con la aprobación de la modificación del Reglamento, sí, pero también viendo en el Parlamento como parte de los independentistas esgrimían panfletos chavistas, se despejaran dudas acerca de las intenciones nada democráticas de estos.

Por si esto fuera poco, leer a Pugidemont afirmar por el mundo, aquel en el que no le recibe ningún político serio, que no aceptará las decisiones de los tribunales (las que no le convengan, se entiende), o que está “democráticamente” dispuesto a ir a la cárcel si no puede hacer lo que a él le viene en gana, contribuye a generar una imagen de la política catalana un tanto “friki”, al menos en el mundo civilizado.

Pero sin duda alguna, los límites del ridículo son desconocidos por muchos, (después de los nombramientos, ya no sé si todos) los miembros del Govern, y el que se lleva la palma es el encargado de los asuntos exteriores, Minister según él. Cualquier persona con un mínimo sentido común, se avergonzaría, desde el punto de vista democrático, del texto de la ley del referéndum de autodeterminación, del cual no se salva ni el preámbulo, por la sarta de falsedades que contiene.

Evidentemente, como el sentido del ridículo no es lo suyo, le ha faltado tiempo al Honorable Minister de enviar el texto de la inmoral proposición de ley a los gobiernos de Europa entera, y quien sabe si incluso más allá, supongo que para explicarles que sus propias constituciones, y leyes fundamentales, e incluso sus sistemas jurídicos son papel mojado ante los derechos de los independentistas, que están por encima de cualquier otra ley que se oponga a sus intereses (sigo hablando de Catalunya, aunque el lector pueda pensar en Venezuela).

El problema no está en el derecho a hacer el ridículo por el mundo de los independentistas, sino que el mundo nos vea ridículos a los catalanes.

El 2, y el 3, y el 4, y…

Artículo publicado el 12 de julio por ABC.

Ya ha quedado demostrado que la que tenía que ser “la revolución de las sonrisas”, se ha transformado en “la revolución del miedo” a juzgar por las propias palabras de Puigdemont. Pero al margen de las palabras, hechos recientes, ciertamente sí que dan miedo, pero no miedo físico, sino miedo de que manden al garete la democracia y el estado de derecho.

La aprobación por parte de la mayoría independentista del Parlament de un texto que pide al Govern que ni subvencione, ni publique publicidad en aquellos medios de comunicación que no publiciten el supuesto referéndum, es un atentado en toda regla contra la libertad de prensa.

La destitución de un Conseller por expresar públicamente su opinión, refleja también una situación en la que muchas personas, seguro que del Govern, pero también de la sociedad, temen que se las identifique ni que sea “desconfiadas” del “procés” y que ello les vaya a pasar algún tipo de factura, constituye una importante limitación de la libertad de expresión, e incluso de la libertad ideológica.

La presentación pública de una ley supremacista, que se carga todo el ordenamiento jurídico, y de paso las garantías judiciales que cualquier ciudadano tiene en democracia, en pos de una posición partidista, no permite augurar demasiado sentido democrático a quien la sustenta. Solo cabe esperar que no llegue al registro del Parlament, y si así fuera que no llegara a ser publicada en ningún diario oficial, al menos para preservar la dignidad de la institución parlamentaria.

En septiembre de 2015 dijeron que en 18 meses, se votaría una constitución catalana, y se harían unas elecciones constituyentes. Vencieron en marzo y Catalunya sigue siendo España, y los catalanes, españoles.

Luego dijeron que los 18 meses debían empezar a contarse desde la investidura de Puigdemont, en enero de 2016. Esta semana también se cumplieron los 18 meses y Catalunya sigue siendo España, y los catalanes, españoles.

Ahora dicen que a los dos días del trampantojo de referéndum declararan la independencia. Pues desde la confianza en la democracia y en el estado de derecho me permiten afirmar que, pase lo que pase el 1 de octubre –y no será un referéndum- el 2 de octubre Catalunya seguirá siendo España, y los catalanes, españoles, y el 3, y el 4, y …

El Govern independentista y sus socios parlamentarios, quieren conflicto, pues deben saber que no habrá conflicto, habrá democracia, estado de derecho y habrá justicia, sin miedo.

Por cierto, cuando quieran hablar de políticas para mejorar la calidad de vida de los catalanes, allá estaremos.