Autor: NoNomésLletres

Artículo publicado en ABC.

Durante los días previos a la Diada del pasado domingo hemos asistido, con cierto estupor, a un cruce de acusaciones, cuando no de insultos, entre secesionistas.

Resulta cuando menos paradójico escuchar cómo se reivindica “defender las ideas de cada uno en positivo”, “de forma integradora y plural”, o que la manifestación no es “inclusiva”, como si alguna vez en los últimos diez años hubiera habido alguna manifestación de la Diada que hubiera tenido esas características.

Así nos sentimos la mayoría de los catalanes a los que los independentistas han expulsado y usurpado una celebración que debiera ser de todos, y cuando me refiero a todos, me refiero a todos los catalanes, no solo a los secesionistas, que es cómo piensan y actúan: sin respetar las ideas, las identidades y de forma totalmente excluyente de aquellos que no piensan como ellos.

No es de extrañar pues, que aquellos que, históricamente han defendido y alimentado el independentismo, se vean ahora repudiados por aquellos que, con más fe que fuerza, siguen creyéndose las mentiras con las que los alimentaron, y es que el refranero español es sabio: cría cuervos y te sacaran los ojos.

A colación de lo anterior, es posible que, debido a los remordimientos de conciencia de aquellos que han sido expulsados del consenso indepe, se avengan a nuevos acuerdos conspiranoicos (un nuevo estado mayor –concepto muy militar-, le llaman) para ser aceptados de nuevo en la tribu. Todo ello, con el entusiasta testimonio del PSC, teórico partido de Gobierno en España, que vela por la fragmentación para ocupar una pequeña parcela de poder en cualquier Gobierno.

Los catalanes no nos debemos resignar a quedar viendo cómo, independentistas e izquierdistas se reparten los papeles y nuestros Gobiernos, mientras nuestra sociedad se deteriora, tanto social como económicamente, y lo peor, también se divide. Otra forma de hacer las cosas no sólo es posible, sino que es una opción con el Partido Popular.

Artículo publicado en ABC.

Hace pocas semanas, en la Escuela de Verano del Partido Popular de Cataluña, el Presidente Núñez Feijóo reivindicaba la  humildad como forma de hacer política. Ciertamente la humildad no es precisamente una característica común entre los políticos, aunque a todos nos iría mejor si la practicáramos más a menudo.

Hoy se cumplen ya cinco años de los atentados de Las Ramblas de Barcelona y de Cambrils y las noticias son: el desamparo que sienten las víctimas, la falta de indemnización de una tercera parte de ellas, la autocomplacencia de la actuación de los Mossos, y para rematar, el uso torticero que algún reducto golpista pretende del dolor de las víctimas.

En nuestra sociedad, la española, que hemos sufrido demasiados años el dolor del terrorismo, no podemos permitirnos que ninguna víctima pueda sentirse desamparada, y por ello la humildad en el reconocimiento y corrección de errores debe ser imprescindible para intentar corregir esa sensación que, legítimamente, sienten las víctimas.

Sin ningún tipo de duda, los Mossos, todos, y los políticos, la mayoría, intentaron gestionar la crisis generada aquellos días de la mejor manera posible, pero no es suficiente. Es imprescindible analizar con detalle todas las actuaciones y detectar fallos, que los hubo, reconocerlos y corregirlos. Es un ejercicio de humildad que no debe implicar en ningún caso, cuestionar el ímprobo trabajo y esfuerzo que se realizó aquellos días, sino exteriorizar la voluntad de mejora.

Me preocuparía que la autocomplacencia que algunos muestran, escondiera una ausencia de autocrítica porque significaría que, sin autocrítica no se reconocen errores, ni se adoptan medidas para evitarlos en el futuro y por lo tanto se podrían repetir. Quiero pensar que, el hecho de que la autocrítica no se haga pública, no es que no exista, sino que tan solo expresa esa falta de humildad a la que me estoy refiriendo.

Quiero dedicar estas últimas líneas a la memoria de las víctimas y a reivindicar su indemnización, no solo la económica legítima, sino moral. Nunca recuperaran lo que perdieron, pero nunca deben sentir el más mínimo desamparo de nuestra sociedad.

Artículo publicado en ABC.

La “nueva” política ha comportado una pluralidad de ofertas en prácticamente todos los ámbitos de la política: izquierda – derecha, nacionalista – no nacionalista. En cada ámbito, cada partido se esfuerza en ofrecer sus mejores propuestas al electorado, pero que básicamente son dos: ganar o resistir.

No da la impresión de que todos los partidos que nos presentamos a las elecciones, lo hacemos con el mismo propósito. Sí puedo garantizar que, el Partido Popular, lo hacemos con el ánimo de ser un proyecto mayoritario, compartido y sobre todo útil para el conjunto de la sociedad. Vaya que nos presentamos a las elecciones con el ánimo de ganarlas.

Otros, sin embargo, se presentan a las elecciones para resistir, para demostrarse quizás, que son los mejores y únicos defensores de sus principios (como si los demás ni los tuviéramos, ni los defendiéramos) y algunos, los más osados, aspiran incluso a vice presidir algo. Todo muy respetuoso. Seguro que a veces tendrán éxito, otras no, como los que aspiramos a ganar, o mejor, porque ganar, solo gana uno. Pero resistir, no parece ser ni un proyecto de país, ni de comunidad, ni de municipio. Eso sí, es útil un solo día en toda la legislatura.

Aquello verdaderamente transformador, es ganar, pero no ganar para resistir (en Cataluña tenemos un par de ejemplos recientes de ganar para resistir), sino ganar para gobernar: ese es el proyecto del Partido Popular en España, en Andalucía, en Galicia, pero también en Cataluña. Que sea difícil, no significa que no pueda ser nuestra ambición, y al final gana y gobierna, quien tiene ambición. Aquel cuya ambición sea resistir, se quedará en eso, en la resistencia, y la resistencia no transforma nada.

Entre ganar o resistir, el Partido Popular elegimos ganar y gobernar, como lo demostramos el pasado domingo en Andalucía, y cada día donde sea, con un proyecto en beneficio de la sociedad.

Artículo publicado en ABC.

Durante las últimas semanas se ha hecho viral el video en el que se ve a un Alcalde de Junts per Catalunya, los herederos de Convergencia, amenazando con un hacha a unos okupas que se habían instalado en una finca de su propiedad.

El hecho es relevante, no tanto por la inadecuada reacción del Alcalde, que lo es, sino por la disonancia entre lo que se legisla y lo que los ciudadanos padecemos; disonancia que se pone de manifiesto en estos hechos.

Es en el Parlament de Catalunya donde el partido del Alcalde y los consellers de su mismo partido, han legislado y sus diputados, votado sistemáticamente, otorgando derechos a okupas de propiedades privadas, como la del propio Alcalde. Al final, las leyes afectan a todos los ciudadanos, también a los de JxCat, ya sean votantes, Presidents de la Generalitat o Alcaldes y ya sabíamos que algunos consideran que, las leyes solo se aplican a según quien, pero la cruda realidad es distinta.

El problema no es solo del Alcalde, sino de miles de ciudadanos que sufren, por un lado la ausencia de política de vivienda por parte de la Generalitat y por otro, las okupaciones directa o indirectamente y no tienen, ni se les puede exigir que tengan, un hacha a su disposición: ni tan siquiera, un hacha de Alcalde.

No estoy en situación de pedir la dimisión del Alcalde, pero sí en la necesidad de pedirle una reflexión sobre si el partido al que dice representar y por el que pide el voto, es el que mejor representa lo que de verdad piensa y defiende.

Mejor favor haría a sus conciudadanos defender lo que a ellos también les preocupa, aunque no tengan hacha a su alcance. A menudo el poder representativo, a través del legislativo bien ejercido, es más útil y eficaz, que un hacha: es ello se basa la democracia.

Artículo publicado en ABC.

Desde 2010 se repiten reiteradamente sentencias en relación al uso vehicular del castellano en el marco de la inmersión lingüística en las escuelas catalanas.

El concepto de inmersión, reconocido constitucional, debe entenderse desde la realidad de la existencia, no sólo de dos lenguas oficiales, sino de dos lenguas de uso normal en la sociedad catalana, tres, considerando el aranés en Aran. Así, la inmersión no puede considerarse exclusión de una de las lenguas, sino que debe conjugar ambas lenguas en la proporción adecuada para garantizar que los alumnos alcancen las competencias deseables en ambas lenguas.

La diferencia entre la última sentencia y las anteriores, estriba en que los tribunales, probablemente hartos de que los sucesivos Governs mareen la perdiz, exigen un mínimo del 25% de castellano no sólo en un centro concreto, sino en el conjunto del sistema educativo, lo que ha de permitir modular la presencia de ambas lenguas según las necesidades del entorno y del momento.

El último día de cumplimiento de la sentencia, el Govern exhibe una iniciativa parlamentaria que afirma que resolverá el conflicto: falso. La timorata y recatada modificación de la ley de política lingüística queda lejos de dar cumplimiento a la sentencia y se nos antoja como una iniciativa para… seguir mareando la perdiz.

Quizás sea cierto que el catalán se encuentra estancado, también lo es el rechazo que su imposición supone entre una parte de la población, y tampoco ayuda que se pretenda asimilar el uso de la lengua a una determinada identidad, que encima se presenta como excluyente. Las lenguas deben servir para entenderse, no para dividir las sociedades.

Nacionalistas y de paso, también socialistas, deben poder entender que conjunción lingüística e inmersión no son conceptos excluyentes sino complementarios. Hacerlo realidad, incluso compatible con la introducción de una tercera lengua extranjera es solo cuestión de voluntad, y el Partido Popular, la tenemos.

Artículo publicado en ABC.

Una de las asignaturas pendientes de nuestra sociedad del bienestar es el derecho constitucional a una vivienda digna.

Corresponde a las administraciones públicas ejercer las acciones necesarias para garantizar que los ciudadanos puedan hacer efectivos sus derechos. Son los gobiernos quienes deben facilitar el acceso a la vivienda de los ciudadanos, y no una exigencia al resto de ciudadanos.

Medidas como las de otorgar derechos a okupaciones de viviendas de terceros, o limitar las rentas de alquiler, suponen un gravamen adicional, a la ya alta fiscalidad que sufrimos los catalanes, que no se ampara en ningún precepto constitucional, sino en los dogmas populistas de la izquierda radical.

Limitar las rentas supone que el mercado de viviendas en alquiler se reduce, lo que tensiona más los precios, pero también, reducir el rendimiento, supone desincentivar la inversión, incluso en mantenimiento, lo que lleva a un deterioro del parque de viviendas, y tampoco incentiva la rehabilitación de viviendas vacías, para reintroducirlas en el mercado. Todas estas situaciones ya se han producido en Barcelona, fruto de las restricciones en las rentas de alquiler, pero también ante la obligación de destinar un 30% de las viviendas privadas a vivienda social.

Mientras, las administraciones prefieren legislar para cargar sobre los ciudadanos con una obligación que es de los poderes públicos, y que deberían atender mediante la inversión en vivienda. Así, Generalitat y Ayuntamiento de Barcelona, perpetúan el problema y además cargan sobre los demás sus propias responsabilidades.

Esta semana hemos conocido la sentencia del TC que anula parte de la legislación catalana que restringe las rentas de alquiler a través de un recurso del Partido Popular, pero aún no está todo resuelto, la capacidad de legislar despropósitos no tiene límites y nos encontramos con nuevas leyes que abundan en las mismas malas soluciones, perjudican a los ciudadanos y no resuelven el problema. Nosotros, estamos preparados!

Artículo publicado en ABC.

Resulta curioso que aquellos que se llenan la boca de democracia para cometer sus tropelías, es decir, los secesionistas catalanes, sean los primeros que ante cualquier circunstancia se les ocurre suspender la democracia.

Efectivamente, ante la resolución de la Junta Electoral Central de hacer efectiva la inhabilitación por sentencia judicial por desobediencia de un diputado de la CUP, a los partidos independentistas no se les ocurre nada mejor que intentar paralizar la actividad del Parlament de Catalunya.

No es la primera vez que, en los últimos años, actúan así pero la situación no deja de ser sorprendente a la vez que paradójica: tanta relevancia le dan al Parlament que a la primera de cambio lo menosprecian soberanamente suspendiendo su actividad, como si la tarea parlamentaria fuera menos importante que sus reivindicaciones políticas y por tanto, partidistas.

Más importante es la paradoja que supone que, siendo el Parlament de Catalunya una cámara legislativa de representación popular, cuyas leyes son de aplicación a todos los ciudadanos, haya quienes crean que tienen la potestad de elegir qué leyes cumple y cuáles no.

Esta es la situación, los mismos legisladores que elaboran leyes pretenden atender o no las leyes a su antojo y a su interés, según este peculiar criterio, ellos, y sólo ellos, deben poder desobedecer las leyes que a ellos les apetezca, y ser impunes a las sanciones que las propias leyes imponen.

La igualdad ante la ley es un principio básico de las democracias, y en democracia el papel de las cámaras legislativas no solo es fundamental, sino que debe ser ejemplar, por todo ello, menospreciar el trabajo del Parlament, desobedecer leyes democráticas, y además pretender la impunidad, es una clara demostración de falta de respeto por la democracia.

Artículo publicado en ABC

Era 2013 cuando Oriol Junqueras amenazaba con parar la economía catalana durante una semana para forzar al Estado a negociar la autodeterminación de Cataluña. Hoy, a las puertas de 2022, no está claro que el Estado, mejor dicho el Gobierno del Estado no esté dispuesto a negociar la autodeterminación, pero por cosas más sutiles como mantener una mayoría parlamentaria, pero lo que sí está claro es que está consiguiendo su objetivo de parar la economía catalana.

La lenta decadencia económica pero también social en la que están sumiendo a los catalanes, porque los territorios no sufren, lo hacemos las personas, nos aleja de la Cataluña dinámica y próspera que nos ha caracterizado a lo largo de los siglos.

Las empresas y la tradicional industria catalana siguen huyendo de Cataluña, y las que quedan lideran el ranquing de insolvencias, la diáspora cultural, la aversión al turismo, el bloqueo de inversiones y de infraestructuras como el aeropuerto, las numerosas barreras administrativas que no solo persisten si no que se incrementan incluso para la implantación de energías renovables, la abusiva y confiscatoria fiscalidad, la permisividad con los violentos o el amparo presuntamente legal de los ataques a la propiedad privada, son aspectos tangibles que no deberían dejarnos indiferentes.

También los servicios públicos sufren: las mayores listas de espera en la sanidad están en Cataluña, los escolares, en la mayor cantidad de barracones de España, ven limitados sus derechos lingüísticos, no sólo en relación al castellano -en el aula o en los patios-, también en relación a las lenguas extranjeras y al que se le ocurra denunciarlo se le acosa y se invita a la turba a apedrear a sus familias. Pero el problema es Netflix, que es lo que de verdad preocupa al Gobierno de la Generalitat.

Algunos pierden tiempo viendo cómo organizarse, cuando debemos emplearlo en articular la alternativa imprescindible para revertir estas situaciones y recuperar el bienestar y la convivencia que, lenta pero inexorablemente, nos están sustrayendo.

Artículo publicado en EconomiaDigital

Esta afirmación que para la mayoría de los mortales debería considerarse de perogrullo, tratándose Cataluña de una comunidad no solo con dos idiomas oficiales, si no con dos idiomas de uso indistinto entre la población, parece ser una anormalidad para la Generalitat de Cataluña secuestrada desde sus inicios por los nacionalistas, y que pretenden excluir el castellano de muchos ámbitos de la vida de los catalanes, y como no, sobretodo de la educación.

La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de diciembre de 2020 viene a reafirmar lo que otras muchas sentencias, des de 1983, vienen a decir, que es que la existencia de diversas lenguas oficiales impone un régimen de conjunción lingüística, que “impone necesariamente su uso vehicular normal” en la educación. Ni el Estatuto de Cataluña, ni la Ley de Educación de Cataluña se oponen a esta realidad.

La inmersión lingüística no puede imponer la enseñanza monolingüe, sino que debe adaptar el nivel de vehicularidad de cada lengua a la realidad social de cada centro educativo y su área de influencia, y como los nacionalistas (también socialistas en su día) en el Gobierno de la Generalitat siempre se han negado a fijar un mínimo, la jurisprudencia tuvo que fijar un porcentaje, el 25%, que para variar, la Generalitat no solo ignora, sino que presume de ello, así queda demostrado en la información que aporta el propio Departamento de Enseñanza: solo un 2% de los centros de enseñanza primaria y un 12% de los de bachillerato cumple con ese porcentaje.

La reciente resolución del Tribunal Supremo inadmite el recurso de casación interpuesto por la Generalitat contra ésta última sentencia, por lo que, como dicta el sentido común: el castellano debe ser lengua vehicular y normal en Cataluña.

Por otro lado, si es cierto que el uso del catalán está en retroceso en Cataluña, quizás los nacionalistas deberían reflexionar sobre si la inmersión monolingüe que tanto defienden, está cumpliendo sus objetivos o precisamente los contrarios, pero también que lanzar el uso de una lengua u otra como signo de identidad, provoca un rechazo a la lengua catalana, igual al que muchos nacionalistas profesan respecto de la lengua castellana: las lenguas, todas, son para comunicarnos, para entendernos y deben ser herramientas de cohesión que faciliten la convivencia.

Artículo publicado en ABC.

Periódicamente surgen iniciativas con el sano propósito de reagrupar el centro derecha constitucionalista para ofrecer una alternativa al nacionalismo y al populismo, tanto para Cataluña como para España. Sin duda compartimos esa necesidad, aunque discrepemos de la forma, porque a nadie se le puede escapar que el centro derecha constitucionalista, no sólo ya existe, sino que es la única alternativa al populismo al menos en España como vemos encuesta tras encuesta.

¿Qué motivaciones nos pueden llevar a menospreciar al Partido Popular para crear otra cosa parecida?, porque da la impresión que bajo algunas iniciativas que pretenden reagrupar un espacio político, haya la voluntad de disolver el proyecto político sólido que es el Partido Popular. De hecho, algunas de las nuevas experiencias que se mueven en el ámbito del centro y la derecha, no parecen pretender sumar para vencer al nacionalismo y al populismo, sino que intentan sustituir al Partido Popular, que con virtudes y defectos, ha sido, es y será la herramienta capaz de vencer al socialismo y de frenar al nacionalismo.

El Partido Popular somos el primer partido de Europa y de España, ofrecemos un proyecto político de gobierno y lo somos en Europa, en países europeos, en comunidades y ayuntamientos españoles, y lo volveremos a ser en España. Nadie puede pretender que éste proyecto político al servicio de las personas en toda Europa, se diluya en Catalunya en beneficio de no sé qué proyectos, quizás más personalistas que programáticos.

Es cierto que en Cataluña, el Partido Popular hemos retrocedido por diferentes circunstancias, evidentemente algunas atribuibles al propio partido, pero también es cierto y evidente el esfuerzo de apertura y generosidad que se está haciendo, casi son más los representantes institucionales independientes escogidos bajo el paraguas del PP, que los propios, precisamente con esa voluntad de reagrupar el centro derecha constitucionalista. No es necesario crear nuevos proyectos, es necesario agruparnos en torno al que ya existe para ampliarlo y hacerlo vencedor.

En Cataluña no debemos resignarnos a gobiernos secesionistas y de izquierdas, por supuesto que es necesario un centro derecha constitucionalista fuerte y capaz de vencer al nacionalismo y al socialismo. Blanco y en botella: Partido Popular.