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Artículo publicado en ABC.

Hace unos pocos años, un Conseller de la Generalitat poco procesista, afirmó que el proceso sirvió para tapar los recortes que el Gobierno se había visto obligado a aplicar.

No le faltaba razón, y aún hoy sigue siendo así, mientras la mayoría de comunidades españolas han visto recuperar sus gastos en sanidad, educación y políticas sociales, en Cataluña seguimos a la cola como si estuviéramos en los peores años de la crisis y los ingresos públicos no se hubieran recuperado. Sin ir más lejos, esa es la razón y no otra de las largas listas de espera de la sanidad pública catalana, a pesar de lo que opine el Sindic de Greuges.

Pero hay otro aspecto que a menudo pasa desapercibido gracias al proceso, que es la presión fiscal que sufrimos los catalanes fruto de nuestras propias decisiones, y es que la Generalitat nos tiene a los catalanes fritos a impuestos.

Tenemos quince impuestos propios, mientras la segunda comunidad con más impuestos propios, es Andalucía con ocho. Los catalanes pagamos impuestos por tomar un refresco con azúcar, por coger un avión, por dormir en un hotel, ahora también pagaremos más por nuestros vehículos y no es bajo el criterio de “quien contamina, paga”, sino el más dudoso de “quien paga, que contamine”.

También los catalanes con rentas de hasta 30.000€ anuales (el 80% de los contribuyentes) pagamos más IRPF que cualquier otro español, o más impuestos de transmisiones patrimoniales, o de actos jurídicos, pero no sufran que en aquellos impuestos en los que todavía no somos líderes aunque estemos cerca, lo seremos bien pronto, ya que en subir impuestos es en lo que más rápidamente se ponen de acuerdo los separatistas con las izquierdas.

Entre el proceso, los recortes no recuperados, y los impuestos, la economía catalana tradicionalmente emprendedora y puntera se amodorra y con ella el bienestar social.

Cataluña necesita recuperar su dinamismo y para ello es imprescindible terminar con el proceso y una revolución, sí, una revolución fiscal para recuperar el liderazgo económico y con él, la mejora de los servicios públicos y el bienestar de los ciudadanos.