Es evidente que forma parte de las más elementales normas de relaciones entre instituciones que un Ministro y un Consejero de Economía tengan los encuentros que tengan por conveniente con un objetivo necesario y loable, como es, garantizar la continuidad de los servicios públicos en una comunidad, por ejemplo, Catalunya. Es más, el Gobierno de España, a pesar del ruido ambiental que sufrimos en Catalunya debe continuar garantizando que los catalanes no padezcamos la situación de colapso económico y financiero, en que se encuentra la Generalitat de Catalunya.
Pero hay que reconocer que lo que parece normal, no lo es del todo, ya que mientras la lealtad del Gobierno de España con Catalunya es total, la del Govern de la Generalitat con España no es inexistente, sino negativa, y escribo estas palabras oyendo en tiempo real al President y al Conseller de Economía, explicando poco menos que, sí en Catalunya hay pobreza, es por culpa de lo que los catalanes pagamos a España. Ya sé que eso forma parte del ruido ambiental, pero no deberían pasar inadvertidas las amables palabras para con el Gobierno de España, de los voceros de Junqueras en el Congreso, que seguramente escandalizaron a alguien, pero en Catalunya, suenan con absoluta normalidad, incluso institucional.
Este es el marco, y en él, quizás, las relaciones entre instituciones de gobierno debieran realizarse a calzón quitado, no sea que lo que puedan ser acuerdos privados, se terminen convirtiendo en linchamientos públicos, y de esto último el PP catalán tenemos amplia experiencia.
