Artículo publicado el 12 de julio por ABC.
Ya ha quedado demostrado que la que tenía que ser “la revolución de las sonrisas”, se ha transformado en “la revolución del miedo” a juzgar por las propias palabras de Puigdemont. Pero al margen de las palabras, hechos recientes, ciertamente sí que dan miedo, pero no miedo físico, sino miedo de que manden al garete la democracia y el estado de derecho.
La aprobación por parte de la mayoría independentista del Parlament de un texto que pide al Govern que ni subvencione, ni publique publicidad en aquellos medios de comunicación que no publiciten el supuesto referéndum, es un atentado en toda regla contra la libertad de prensa.
La destitución de un Conseller por expresar públicamente su opinión, refleja también una situación en la que muchas personas, seguro que del Govern, pero también de la sociedad, temen que se las identifique ni que sea “desconfiadas” del “procés” y que ello les vaya a pasar algún tipo de factura, constituye una importante limitación de la libertad de expresión, e incluso de la libertad ideológica.
La presentación pública de una ley supremacista, que se carga todo el ordenamiento jurídico, y de paso las garantías judiciales que cualquier ciudadano tiene en democracia, en pos de una posición partidista, no permite augurar demasiado sentido democrático a quien la sustenta. Solo cabe esperar que no llegue al registro del Parlament, y si así fuera que no llegara a ser publicada en ningún diario oficial, al menos para preservar la dignidad de la institución parlamentaria.
En septiembre de 2015 dijeron que en 18 meses, se votaría una constitución catalana, y se harían unas elecciones constituyentes. Vencieron en marzo y Catalunya sigue siendo España, y los catalanes, españoles.
Luego dijeron que los 18 meses debían empezar a contarse desde la investidura de Puigdemont, en enero de 2016. Esta semana también se cumplieron los 18 meses y Catalunya sigue siendo España, y los catalanes, españoles.
Ahora dicen que a los dos días del trampantojo de referéndum declararan la independencia. Pues desde la confianza en la democracia y en el estado de derecho me permiten afirmar que, pase lo que pase el 1 de octubre –y no será un referéndum- el 2 de octubre Catalunya seguirá siendo España, y los catalanes, españoles, y el 3, y el 4, y …
El Govern independentista y sus socios parlamentarios, quieren conflicto, pues deben saber que no habrá conflicto, habrá democracia, estado de derecho y habrá justicia, sin miedo.
Por cierto, cuando quieran hablar de políticas para mejorar la calidad de vida de los catalanes, allá estaremos.
