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Artículo publicado en ABC.

Pocas veces la reunión de una mesa, que debería ser tan irrelevante como imposibles las propuestas a debatir de autodeterminación y amnistía, ha generado tanta expectación, al menos política y mediática.

La incógnita sobre si el presidente divo, asistirá, presidirá o solo saludará la reunión, o si, mandan a dos condenados y por lo tanto inhabilitados en representación del Govern a negociar su propia amnistía (que después de ver a la Presidenta del Parlament autoconcederse la medalla de oro del Parlament tampoco sería tan raro), o la comparación de la mesa con las negociaciones para la paz en Vietnam (muy desafortunado ejemplo), no puede ser más que una forma de intentar dar relevancia a un acto que no lo debería tener.

En primer lugar porque el papel de los dos gobiernos en la mesa, dista mucho de ser institucional, ya que cada uno va a lo suyo: unos a la independencia, los otros a conservar una mayoría parlamentaria. Objetivos legítimos, pero nunca gubernamentales, sino partidistas.

Pero también porque si tanto empeño ponen en la mesa, igual no es por lo que nos dejan ver encima de la misma, sino por lo que se pueda manejar por debajo y que a buen seguro no será nada en beneficio de la sociedad catalana.

Finalmente, porque aunque se celebre en el Palau de la Generalitat, se trata de una reunión de socios de gobiernos, en la que su objetivo principal será alargar tanto como sea posible sus respectivos mandatos.

En definitiva una nueva oportunidad perdida para llegar a acuerdos para desencallar la necesaria inversión en el aeropuerto del Prat y en Girona, o para ofrecer soluciones a los más de 20.000 jóvenes que queriendo estudiar formación profesional, no podrán, por no haber hecho una adecuada previsión de plazas, o para terminar con los más de 1.000 barracones que suplen la falta de inversiones en escuelas, por citar solo algunos ejemplos de actualidad.

Artículo publicado en ABC.

Si vienen siguiendo el procés desde sus capítulos iniciales, cual telenovela de producción propia –tan propia como que la pagamos todos-, recordaran que los secesionistas decían que la independencia la iban a conseguir con astucia. Creo que son ya muchos, incluso los que no lo reconocen, que en el actual estado de derecho, no la van a conseguir tan fácilmente.

Pero la presunta astucia sigue presente en cada paso que da la Generalitat: hace poco modificaron la ley de los servicios jurídicos de la Generalitat que, con buen criterio, evitaba que estos pudieran defender jurídicamente a altos cargos en procedimientos de delitos contra la administración, ahora ya no existe esa limitación; también modificaron la ley del impuesto de donaciones, para eximir de tributación por dicho impuesto a los beneficiarios de fondos de “la caixa de solidaritat” para pagar fianzas y sanciones por acciones legales contra los secesionistas.

La última, ya que la caja de solidaridad ya no da para más, la creación de un Fondo de riesgos, para que seamos todos otra vez, los que con recursos públicos avalemos las fianzas de las malversaciones independentistas, que les exige el Tribunal de Cuentas. Es decir que, la Generalitat, cuyos intereses económicos y financieros defiende el Tribunal de Cuentas, pretende avalar a aquellos que malversaron recursos de la propia Generalitat, que no es de los independentistas, sino de todos los catalanes. Todo un ejemplo de astucia sin vergüenza.

Pretendían que fueran entidades financieras las que avalaran las fianzas, y éstas a su vez fueran avaladas por la Generalitat, por aquello de disimular un poco, pero no ha colado, así que ahora le toca al Instituto Catalán de Finanzas mover ficha, aunque parece que a algunos les ha cogido el tembleque.

Por cierto, ¿recuerdan la insistencia y la obsesión de algunos de convertir dicho Instituto en una banca pública? Encaja perfectamente: astucia sin vergüenza.

Mientras Pedro Sánchez distraído y ensimismado con la concordia…

Artículo publicado en ABC.

Ante la visita de Sánchez al Liceo para anunciar solemnemente su rendición incondicional, uy! perdón, su supuesta apuesta por la concordia, convivencia, reencuentro y otros eufemismos parecidos, podría haberse pensado que generaría movilizaciones de rechazo por parte de aquellos que llevamos años padeciendo los abusos del secesionismo desde el mismísimo Govern de la Generalitat y con los recursos de todos los catalanes, pero no.

La visita de Sánchez provocó movilizaciones, sí, pero de una abrumadora concordia por parte de los mismos secesionistas a los que parece que esto de la concordia, la convivencia y el reencuentro no va con ellos.

Ante ello cabe preguntarse qué vendrá a continuación y es que, si los responsables gubernamentales y sociales, así declarados judicialmente, salen medio indemnes de las tropelías cometidas y de la errónea convicción de que sus ideas se imponen, se añade la impunidad a los actos de imposición, no hay ningún incentivo para la concordia ni para el reencuentro, sino sólo para la reincidencia. De hecho, ya hay quienes ven debilidad del Estado ante la graciosa concesión de los indultos como un aliciente más para seguir el mismo camino.

El Govern de la Generalitat seguirá gobernando para los suyos, seguirá gastando para la independencia, seguirá mintiendo a los catalanes, seguirá negociando amnistía y autodeterminación, seguirá… Mientras la mayoría de catalanes seguirán silenciados por la Generalitat y seguirán ignorados por el Gobierno de España.

No podemos ver más beneficios en dicha medida que allanar el camino de una legislatura incierta con una mayoría inestable en el Congreso, a cambio de prorrogar la decadencia de la sociedad y de la economía catalana. El análisis coste-beneficio no es equilibrado: sólo ganan Sánchez y los condenados, y son precisamente la concordia, la convivencia y el reencuentro entre catalanes quienes pierden.

Por la concordia, ya no sólo es urgente echar, urnas mediante, a los secesionistas de la Generalitat, también urge echar a Pedro Sánchez de La Moncloa.

Artículo publicado en ABC.

Dice Pedro Sánchez que él apuesta por la concordia y no por la venganza y no puedo estar más de acuerdo con la literalidad de la expresión, pero a la vez en desacuerdo a que los indultos a la independentistas condenados pueda considerarse un acto de concordia.

El diccionario de la lengua española, define concordia como “ajuste o convenio entre personas que contienden o litigan”, es decir que para apostar por la concordia es necesario que hayan personas –en plural- o por extensión partes, que ante una discrepancia alcanzan un convenio, que se entiende, debe satisfacer ambas partes.

El indulto que se propone lo es del Gobierno de España, hacia unos políticos condenados por sus actos, que son las partes, pero lo que no se ve por ningún lado es el convenio o el acuerdo que permitiría alcanzar la concordia: ningún reconocimiento a la antijuricidad de los hechos por los que han sido condenados; ninguna muestra de reconocimiento ni perdón por el perjuicio para los catalanes que sus actos constituyeron; ninguna conciencia de que vulneraron derechos de los catalanes –de todos, también de los secesionistas-; ninguna voluntad de enmienda –“lo volveremos a hacer”- y un nuevo Gobierno de la Generalitat que apuesta por un nuevo “embate democrático” dicen, paradójica expresión como si la fuerza de los golpes, tuvieran algo que ver con la democracia.

La ausencia de voluntad de concordia, convenio, acuerdo o ajuste de los independentistas, se remata no reconociendo los indultos como la solución a la contienda que ellos mantienen contra la sociedad catalana, y que ellos –ni los presos, ni su Gobierno- no sólo, no han pedido sino que incluso menosprecian.

Ante estas circunstancias, estamos ante un concepto inexistente como sería el de concordia unilateral, es decir, una concesión sin ninguna contraprestación, al menos conocida, o reconocida, lo que nos debe llevar a concluir que los indultos en éstas circunstancias no deben producirse, de lo contrario se deja sin castigo unas acciones que la justicia ya ha considerado punibles. No es venganza, “es la justicia, estúpido.”

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A propósito de la campaña de las elecciones en la comunidad de Madrid, es importante cuestionarnos de si la libertad en Cataluña se encuentra en niveles deseados o no.

No me refiero a la misma libertad a la que apelan los secesionistas, más orientada a la impunidad que a otra cosa, sino al grado de libertad de la que gozamos en la sociedad catalana. Debemos constatar que estamos muy lejos de los niveles en los que se encuentran otras comunidades.

Más allá de la coacción ambiental a la que los independentistas someten a los que no lo somos, lo que debe ser considerado una cuestión fundamental en la valoración de la libertad, encontramos demasiados ejemplos que deberían preocupar al conjunto de la sociedad.

Sin ir más lejos, la gestión catalana de la pandemia está significando un ataque sin precedentes a numerosos sectores de la economía catalana, a menudo con decisiones más amparadas en prejuicios ideológicos que en argumentos sanitarios. Las duras restricciones horarias al sector de la restauración o los prolongados cierres, por ejemplo, de centros comerciales, contrastan con medidas adoptadas en otras comunidades, más orientadas a la prevención que no a las prohibiciones, muy del gusto de los gobernantes catalanes.

Sin duda alguna, la afectación sobre la economía implica cada vez más, una mayor cantidad de ciudadanos pendientes y dependientes del subsidio público, y en consecuencia, menos libres. Pero también incide en la necesidad de detraer mayores recursos, vía fiscalidad, empobreciendo directa e indirectamente al conjunto de la sociedad, y condicionando sus libertades.

Nada bueno hacen presagiar las negociaciones para la formación de un nuevo Gobierno en Cataluña, donde la prioridad no está ni en el bienestar, ni en la economía, ni mucho menos en la libertad, sino en la confrontación. Confrontación con los catalanes no independentistas, confrontación con el resto de España, mientras como el que no quiere la cosa, siguen cercenando nuestras libertades.

Debemos aprovechar el debate público que centra esta campaña en Madrid, para reivindicar también para Cataluña y los catalanes, mayores cuotas de libertad, que nos permitan recuperar el terreno y el tiempo perdidos.

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Hace ya algunos años, los secesionistas catalanes han introducido en su léxico habitual el término represión para justificar su incompetencia para hacer cualquier cosa, pero dirigida al supuesto causante de todos los males, o sea España, y para ocultar su incapacidad para hacer lo que deben, o sea gobernar.

Sin ir demasiado lejos en el tiempo, era enero del año pasado, cuando el olvidado President Torra anunció que la legislatura catalana estaba agotada por las desavenencias entre los socios independentistas del Gobierno de la Generalitat. Hoy quince meses más tarde, con una crisis sanitaria, otra económica y social y unas elecciones de por medio, siguen las desavenencias entre los mismos socios, y más de seis meses de Gobierno en funciones.

No es que no se pongan de acuerdo en nada, de hecho es fácil que lleguen a acuerdos para subir impuestos, para proteger okupas, para atacar la escuela concertada o para desarmar a los Mossos.  Pero es harto imposible que se pongan de acuerdo para mejorar la sanidad pública o la educación, para ayudar a las empresas, para impulsar la economía, para impulsar vivienda social pública, o para mejorar la gestión de la dependencia o las ayudas sociales, básicamente porque ni se lo plantean.

El gran obstáculo parece ser la determinación del papel de un ente privado, sin ninguna representatividad, que tiene como único objetivo suplantar al propio Gobierno de la Generalitat, en la definición de las políticas del Gobierno al que se pretende suplantar. Y se atreven a presumir de qué, el gran éxito del independentismo es que se ha asociado a democracia.

Represión sin duda, es a lo que nos tienen sometidos a los catalanes, tanto a los suyos como a los demás, porque al fin, lo que se están disputando es su propia supervivencia, política pero también económica, por ello que no haya Gobierno, no supone ninguna novedad.

Sin duda, debemos trabajar mucho más intensamente en ofrecer una alternativa a la sociedad catalana que sea capaz de superar ésta decadente etapa de la política catalana. No se trata de pasar página, sino de cambiar de libro.

Durante los primeros días de esta campaña electoral, algunos partidos están ocupados en debatir sobre quienes ocuparan las sillas (pactos), y en los asuntos personales de aquellos que llevaron a los catalanes a la fractura social (amnistía), sin embargo, desde el Partido Popular intentamos abordar con la sociedad aquellas cuestiones que entendemos urgentes y necesarias.

Urgente es abordar la crisis sanitaria, con todas sus consecuencias, es decir, desde el punto de vista sanitario, pero también económico. La atención sanitaria pública, debilitada por años de dejadez –lo importante era el “procés”- necesita refuerzos urgentes, no sólo para abordar la pandemia, sino también sus consecuencias como la salud mental, o las atenciones periódicas, – cronicidades de nuestros mayores o visitas a especialistas- que se han dilatado con motivo de la situación sanitaria.

También es urgente abordar la situación económica evitando más cierres de empresas, pero también para reactivar la economía e intentar recuperar los puestos de trabajo que se están perdiendo.

Para abordar estos aspectos es necesario recuperar aquella convivencia que nos hacía a Catalunya líderes en muchos aspectos, y que los intereses partidistas de algunos, nos han llevado a una decadencia económica, pero también cultural y social.

A lo urgente le debe acompañar lo necesario, esto es, recuperar el debate público sobre ideología por encima del de la identidad: el derecho a la propiedad se pone en riesgo ante la incapacidad de ofrecer soluciones al derecho a la vivienda; el derecho a la libertad de educación se pone en riesgo ante los ataques ideológicos a la educación concertada; la moderación fiscal que se demuestra eficaz para la economía y el bienestar de la sociedad en otras comunidades, no sólo es atacada, sino que en Cataluña nos empieza a salir muy cara, tanto en precio como en oportunidades perdidas.

No nos resignemos a que la política sea cosa de todos y no solo de algunos políticos, los que siempre mandan en Cataluña.

En el marco generado por la crisis sanitaria que vivimos desde el pasado mes de marzo, los catalanes nos dirigimos hacia a unas nuevas elecciones al Parlament que deberá escoger el próximo Govern de la Generalitat y que debería abordar los principales problemas de nuestra sociedad: la salud, la economía y la convivencia.

El refuerzo de las políticas sanitarias, y especialmente de la sanidad pública, para hacer frente a la crisis sanitaria, conjuntamente con medidas económicas para evitar el cierre de empresas, la pérdida de puestos de trabajo y el impulso hacia un nuevo crecimiento económico, deben ser necesariamente los ejes sobre los que debería pivotar cualquier acción de gobierno, ya que está en juego el bienestar de la sociedad catalana de los próximos años.

Para ello es imprescindible recuperar la convivencia que una vez, no hace tanto, hizo de Cataluña una sociedad dinámica, emprendedora, innovadora, generadora de riqueza y de puestos de trabajo, líderes en España y en Europa, y que por una mala apuesta de unos malos políticos se echó a perder.

Es estas elecciones unos apuestan por la confrontación entre catalanes como hacen algunos conocidos de todos, y otros por conocer. Aunque también parece haber quien apuesta por apuntalar el independentismo desde el Gobierno de España, lo que obliga a abrir dos frentes: sacar el nacionalismo de la Generalitat, y sacar al sanchismo de la Moncloa.

En ello estamos el Partido Popular, que, modestamente, desde Cataluña queremos contribuir a sumar los apoyos necesarios para recuperar la convivencia, pero también para hacer de la salud y la economía los ejes sobre los que proyectar una nueva sociedad del bienestar hacia el futuro más inmediato. Es con ésta voluntad con la que sumamos nuevas sensibilidades con el objetivo compartido de sumar por Cataluña y para los catalanes.

Después de todo: salud, economía y convivencia, no son presentes que se puedan pedir a los Reyes Magos, sino que se nos debe exigir a los políticos,

Artículo publicado por ABC.

Es posible que el acuerdo entre Sanchez, Iglesias y ERC para imponer una armonización fiscal a las comunidades haya sido una sorpresa para algunos ámbitos de la sociedad española, pero en ningún caso lo ha sido en Cataluña, donde los nacionalistas de ERC, pero también los herederos de Convergencia, se llamen como se llamen, llevan tiempo fijando su diana en aquellas comunidades que haciendo uso de su capacidad normativa en determinados tributos, consideran apropiada una política fiscal de bajo nivel, para favorecer el crecimiento económico. Y es en esa obsesión, que, como no, Madrid, en este caso la comunidad, es el centro de sus críticas.

Les ha bastado que en el Gobierno de España confluyeran dos circunstancias: unos partidos necesitados de votos en el Congreso para mantenerse en el Gobierno a cualquier precio; y unos gobernantes convencidos de que los impuestos bajos son malos… para ellos.

Pues no, están errados, una política fiscal de bajo perfil es imprescindible para propiciar el crecimiento económico, la creación de empleo, y por lo tanto una mayor y mejor redistribución de la riqueza que redunda en un mayor bienestar de la sociedad.

Por ese motivo, Madrid no es el problema. El problema lo tenemos los catalanes con un Govern que persiguiendo sus objetivos partidistas -recuerden las estructuras de Estado- incurre en más gastos de los que debería y necesita más ingresos para financiarlos, por lo que fríe a impuestos a los catalanes en perjuicio del crecimiento económico.

Cuando los catalanes, ahogados a impuestos, miramos a Madrid, lo hacemos con envidia. Unos, probablemente los menos, con el tipo de envidia que lleva a proponer ésta mal llamada armonización fiscal; otros con sana envidia, y con la esperanza de que pronto seamos capaces de cambiar de Gobierno para cambiar las políticas, también la fiscal. Empezemos por Catalunya.