Solos ante la presión fiscal

Artículo publicado en ABC

Esta semana la patronal catalana Fomento de Trabajo, ha lanzado la campaña “Por una fiscalidad de progreso” que denuncia el constante incremento de la presión fiscal que sufrimos los catalanes y sus consecuencias en forma de menor competitividad y menores oportunidades de atracción de inversiones y de talento, que repercute sobre el crecimiento de la economía, y por lo tanto sobre el bienestar de los catalanes.

Celebramos ésta iniciativa, y lo hacemos porque compartimos en gran parte el planteamiento, pero sobretodo porque hace ya algunos años que, con escasa suerte, estamos denunciando esta situación, pero también aportando propuestas para corregirla.

Solo hace falta echar un vistazo al estudio sobre la fiscalidad en las comunidades españolas que anualmente publica el Consejo General de Economistas de España, para darse cuenta de lo maltratados que estamos los catalanes, pero lo estamos por decisiones del Govern de la Generalitat y del Parlament de Catalunya que no es que no bajen los impuestos, sino que los incrementan constantemente, al margen de inventarse nuevas figuras impositivas. Sólo un par de ejemplos: los catalanes con rentas inferiores a 30.000€, que son el 80% de los contribuyentes, somos los españoles más castigados con el IRPF gracias al tramo autonómico que se aplica; también soportamos quince impuestos propios, dieciséis cuando se apruebe la próxima Ley de presupuestos, mientras que la segunda comunidad con más impuestos propios tiene ocho.

El Partido Popular de Catalunya somos sensibles a esta situación y sobre todo a sus efectos sobre los maltrechos bolsillos de los catalanes, por eso a inicios del año pasado presentamos lo que llamamos la “revolución fiscal” que no es más que un conjunto de medidas, concretamente seis proposiciones de ley, para corregir esta situación, que pasan por reducir el IRPF a rentas inferiores a 30.000€, reducir los impuestos de sucesiones y patrimonio, reducir la imposición por adquisición de vivienda, hasta suprimir cinco de los quince impuestos propios exclusivos de los catalanes. Se trata de dinamizar la economía para generar crecimiento y mejorar el bienestar de los ciudadanos, a través de la generación de ocupación.

Pero cuando hemos llevado estas iniciativas al Parlament, ya sea por discrepancia o por tacticismo partidista, el Partido Popular nos quedamos solos denunciando esta situación y proponiendo medidas para corregirla, por eso ver que, un agente social de primer orden como es Fomento, va en la misma línea, al menos reconforta.

Lo que oculta el secesionismo

Artículo publicado en ABC

Los primeros años de proceso secesionista sirvieron al Gobierno de la Generalitat para centrifugar la responsabilidad de los recortes por la crisis. Ahora, que vamos dejando atrás los efectos de aquella, y apartando el árbol del proceso para ver el bosque de la política, observamos con preocupación cómo se avanza hacia una socialización, que socava principios básicos de las libertades individuales.

 

Que los hijos no son de los padres, no fue un desliz de la Ministra de Educación sino una auténtica declaración de intenciones. Así lo interpreta el Consejero de Educación de la Generalitat que se propone expulsar la escuela concertada del sistema público de enseñanza laminando así las libertades de los padres en éste ámbito, con la aquiescencia de los posconvergentes que antaño lo defendieron, hasta que llegó el proceso.

 

Otro ejemplo lo tenemos en el decreto de vivienda recientemente aprobado por el Parlamento, no sólo votado por, como no, los posconvergentes sino incluso propuesto por un consejero del mismo partido: regulación, limitación de precios, expropiaciones o legitimación de la ocupación mediante la concesión de derechos, son medidas, que no solo no sirven para abordar el evidente problema del derecho a la vivienda, sino que aniquilan otros derechos, incluso las iniciativas de inversión privada que deberían contribuir en la resolución del problema, como, por otro lado, hemos visto que se ha producido en la Barcelona de Colau, con la consiguientes consecuencias sobre la oferta y la creación de puestos de trabajo.

 

Sin duda, políticas de socialización ineficaces, requieren ingentes cantidades de recursos, y en ello también está el Gobierno cuya política fiscal parece no tener freno a la hora de crear nuevas figuras impositivas: bebidas con azúcar, postes de electricidad y de telecomunicaciones, aterrizaje de aviones, atraque de cruceros, poseer un vehículo; o elevando el IRPF o sucesiones, repito, con la complicidad de posconvergentes sin más ideología que la identidad.

 

Hace años que la política catalana se balancea en el eje identitario lo cual es problemático como estamos viviendo, pero como sociedad, no nos podemos permitir abandonar el eje ideológico cuyo sesgo está comportando la pérdida de libertades individuales.

Incoherencia y debilidad

Artículo publicado en ABC.

Después de diecinueve meses de incertidumbres, dos elecciones generales, muchas afirmaciones y sus correspondientes renuncios, Pedro Sanchez fue elegido Presidente en la legislatura más débil de nuestra democracia contemporánea, o al menos tan débil como después de la moción de censura de 2017.

La debilidad es aritmética, no sólo por los apoyos que tiene, sino por los que no tiene y de cuya abstención dependerá la longevidad de la legislatura. La incoherencia evidente, especialmente en los últimos meses en los que negó cualquier pacto con los neocomunistas alegando insomnio, terminando metiéndolos en el Consejo de Ministros, o defendiendo la rebelión en Catalunya y asemejando el independentismo a la extrema derecha francesa, terminando por asumir sus tesis: conflicto político, represión, mesa por la autodeterminación, amnistía y lo que no sabemos.

La incoherencia y la debilidad deja a los pies de los caballos a los catalanes no independentistas que vemos con estupor como el partido socialista asume, sin ruborizarse, algunos de los planteamientos de los separatistas, olvidando que el conflicto es fundamentalmente entre catalanes, y lo han generado aquellos que quieren imponer su proyecto político por encima de todo, incluso de la democracia.

En pocos meses hemos pasado de ver como Europa respetaba las decisiones de las instituciones españolas, a ver como se toman decisiones en contra de éstas mismas instituciones, pero el problema no está Europa, está en la incoherencia y la debilidad del Gobierno de España.

No se puede ignorar que cualquier solución al problema catalán debe pasar ineludiblemente por un Gobierno de la Generalitat que respete al conjunto de la sociedad catalana y ello debería tenerlo muy presente el partido socialista, de lo contrario se convertirá en el principal aliado para que los partidos independentistas puedan seguir menospreciando a los catalanes, pero también a los españoles.

Los separatistas ya dejaron claro que la gobernabilidad de España les importa un comino. Nada nuevo. Lo que sí es novedoso es que parece ser que al Presidente del Gobierno de España, también parece importarle un comino, España.

Fritos a impuestos

Artículo publicado en ABC.

Hace unos pocos años, un Conseller de la Generalitat poco procesista, afirmó que el proceso sirvió para tapar los recortes que el Gobierno se había visto obligado a aplicar.

No le faltaba razón, y aún hoy sigue siendo así, mientras la mayoría de comunidades españolas han visto recuperar sus gastos en sanidad, educación y políticas sociales, en Cataluña seguimos a la cola como si estuviéramos en los peores años de la crisis y los ingresos públicos no se hubieran recuperado. Sin ir más lejos, esa es la razón y no otra de las largas listas de espera de la sanidad pública catalana, a pesar de lo que opine el Sindic de Greuges.

Pero hay otro aspecto que a menudo pasa desapercibido gracias al proceso, que es la presión fiscal que sufrimos los catalanes fruto de nuestras propias decisiones, y es que la Generalitat nos tiene a los catalanes fritos a impuestos.

Tenemos quince impuestos propios, mientras la segunda comunidad con más impuestos propios, es Andalucía con ocho. Los catalanes pagamos impuestos por tomar un refresco con azúcar, por coger un avión, por dormir en un hotel, ahora también pagaremos más por nuestros vehículos y no es bajo el criterio de “quien contamina, paga”, sino el más dudoso de “quien paga, que contamine”.

También los catalanes con rentas de hasta 30.000€ anuales (el 80% de los contribuyentes) pagamos más IRPF que cualquier otro español, o más impuestos de transmisiones patrimoniales, o de actos jurídicos, pero no sufran que en aquellos impuestos en los que todavía no somos líderes aunque estemos cerca, lo seremos bien pronto, ya que en subir impuestos es en lo que más rápidamente se ponen de acuerdo los separatistas con las izquierdas.

Entre el proceso, los recortes no recuperados, y los impuestos, la economía catalana tradicionalmente emprendedora y puntera se amodorra y con ella el bienestar social.

Cataluña necesita recuperar su dinamismo y para ello es imprescindible terminar con el proceso y una revolución, sí, una revolución fiscal para recuperar el liderazgo económico y con él, la mejora de los servicios públicos y el bienestar de los ciudadanos.

La metáfora del independentismo

Artículo publicado en ABC.

Llegó la sentencia y con ella las movilizaciones preparadas, anunciadas y ejecutadas con la connivencia y el inestimable apoyo del propio Govern de la Generalitat. Estos días, quizás semanas, viviremos intensamente aquello que el independentismo representa, ya que, estas movilizaciones son la metáfora perfecta de lo que es el independentismo desde 2012: una parte de los catalanes pretenden imponer su voluntad al conjunto.

Es un reflejo del carácter antidemocrático en que se basa el movimiento: unos pocos pretender decidir el destino de todos, ya sea su nacionalidad, su lengua, o cuando deben ir o no, a trabajar o a estudiar libremente. Es por ello, que repiten incesantemente que ante todo son demócratas –dime de qué presumes y te diré de qué careces- por qué necesitan limpiar sus conciencias de remordimientos.

Oíamos hace pocos días al mismísimo President de la Generalitat apelar, en sede parlamentaria, a un presunto nuevo derecho, el derecho a la desobediencia. Sí, en sede parlamentaria, donde los representantes de los ciudadanos hacemos leyes de obligado cumplimiento para todos los catalanes, el mismo President apela al derecho a la desobediencia. Y evidentemente, son ellos, los independentistas, quienes se arrogan la capacidad suprema de decidir cómo, cuándo y a quien desobedecer.

Y por si ello fuera poco, evidentemente, también ellos son los que deciden lo que es y lo que no es justo, todo muy de acuerdo con los estándares más avanzados de democracia… eso sí, bolivariana.

Saben perfectamente que democracia y ley son una sola cosa, y en democracia no existe el derecho a la desobediencia, por qué es contradictorio con el propio significado de democracia. Tiene mucha razón el Tribunal Supremo cuando afirma que los hechos juzgados se basan en un engaño, todo el procés se basa en mentiras, pero sobretodo en una: el derecho a la autodeterminación de los pueblos, el mismo derecho del que hace muy pocos años, Torra (antes de ser President), afirmaba que no estaba reconocido en ningún lugar.

Cuánta razón tenía aquel Mosso cuando exclamaba: qué república? la república no existe, idiota!

Irresponsabilidad.

Artículo publicado en ABC.

Hace siete años, durante el debate de política general en el Parlament, después de la manifestación del 11S y a breves días de la reunión Mas-Rajoy que significó el final de aquella legislatura catalana y el inicio del fatídico procés, tuve la oportunidad de intervenir y advertir al entonces President Mas que la “transición nacional” que anunciaba y pretendía iniciar era una irresponsabilidad.

Hoy se inicia en el Parlament un nuevo debate de política general, en el que muy probablemente se hable muy poco de política general, y un mucho de procés, pero se puede analizar a la perfección cuales son las consecuencias de aquella irresponsabilidad.

Dos intentos de saltarse la legalidad para hacer sendos referéndums de independencia sin amparo legal, huelgas de país al más puro estilo revolucionario, grandes empresas que huyen, una sociedad completamente dividida, políticos inhabilitados, otros en prisión preventiva a la espera de sentencia, otros fugados, otros que preparan la revolución de las sonrisas a su manera, es decir, fabricando artefactos explosivos otros intentando asaltar el Parlament una y otra vez, un President que presume de desobedecer -para quitar pancartas, eso sí-, que pide a los radicales que aprieten, y que publicita manuales de desobediencia pensando a veces en la “vía eslovena” o más recientemente en Hong-Kong.

No puedo creer que, nueve años después, nadie, absolutamente nadie tenga el más mínimo remordimiento de conciencia sobre cómo han conducido Catalunya durante los últimos años, y sobre todo, donde la han conducido: solo preocupa la sanidad, la educación, las infraestructuras, las políticas sociales, la economía o la seguridad, para alimentar el victimismo y ganar adeptos, ya que no tienen el más mínimo interés en los catalanes, sólo tienen interés en lo suyo.

Ante esta situación probablemente inédita en el mundo de las democracias, en el que la revolución se impulsa desde un gobierno con sus medios y desde sus medios, que son los de todos los ciudadanos, solo cabe una alternativa la de ganar elecciones y formar un gobierno alternativo que acabe con esta situación, y nos devuelva a los catalanes ilusión por un futuro esperanzador, más que por una futura revolución.

No puede ser normal!

Artículo publicado por ABC.

Probablemente a Pedro Sanchez le interese más bien poco lo que pase en Catalunya, su ámbito territorial de interés durante los últimos meses,  no debe alcanzar mucho más allá de Moncloa y la Carrera de San Jerónimo, puntualmente para intentar garantizarse la investidura, pero mientras en Catalunya siguen sucediendo cosas que, aunque no merezcan la atención del Presidente español ni de su Gobierno, aunque esté en funciones, son extremadamente graves.

 

En primer lugar, los independentistas están en plena ofensiva, una más, contra el Estado, ahora se trata de responsabilizar al Gobierno de España de los terribles atentados de Barcelona y Cambrils de 2017, imponiendo un relato fake siguiendo el dictado de un medio propiedad de un simpatizante de la causa, crecido a la vera de la televisión pública catalana, y bajo la dirección coreográfica de la misma televisión pública catalana y alimentado incesantemente, al más puro estilo Goebbeliano por los medios subvencionados. La novedad hoy, está en la desinhibición de los independentistas en abonar esta teoría que ya se insinuaba con algún pudor, desde los primeros días del cruel atentado.

 

Por otro lado, se impone con la más sorprendente de las normalidades que en los patios de las escuelas se vigile qué lengua hablan los escolares, y lo hagan desde una entidad privada evidentemente subvencionada con recursos públicos y cuyas aportaciones privadas desgravan en la cuota autonómica del IRPF.

También parece formar parte de la más inquietante de las normalidades que jueces y magistrados que trabajan en Catalunya reciban notificaciones en sus equipos informáticos para autorizar sí o sí, el acceso telemático a su información, para vaya usted a saber qué.

 

Mientras crecen las listas de espera en la sanidad pública; mientras más de 20.000 escolares acuden a clases en más de 1.000 barracones; mientras en Barcelona y otros muchos municipios de Catalunya se vive una crisis de seguridad ciudadana sin precedentes; mientras los universitarios catalanes son los que pagan más tasas de toda España, y las universidades públicas se ahogan sin la financiación adecuada; mientras…

 

El Partido Popular no nos resignamos a esta falsa normalidad y a que un día el Govern de la Generalitat, pero también el Gobierno de España, se ocupen del auténtico problema de todos los catalanes, que son los gobernantes independentistas.

Marcos mentales.

Artículo publicado en ABC.

A lo largo de los años, los nacionalismos han sacado ventajas al constitucionalismo en muchos ámbitos, pero sí en uno es más evidente que en otros, es en el de establecer marcos mentales: se reitera por tierra, mar y aire una sentencia que, con indiferencia de si es cierta o no, termina siendo indiscutible. Ejemplos los tenemos a centenares: las bondades de la inmersión lingüística, los agravios de todos los modelos de financiación, el maltrato fiscal, la ausencia de inversiones en infraestructuras, el derecho a la autodeterminación y así un largo etcétera de tópicos que en Catalunya conocemos muy bien.

Así, los constitucionalistas debemos abordar dos problemas: primero combatir esos marcos mentales con argumentos y pruebas fehacientes, porque, evidentemente, como los marcos mentales están tan asumidos, la carga de la prueba recae sobre aquellos que debemos contrarrestarlos; pero más grave es aún es que se asuman esos marcos mentales como propios por parte de altos representantes, actuales o pasados, del Estado.

Sorprende (o no) que venga el expresidente Zapatero a Catalunya a asumir los marcos de los nacionalistas: “ví que la sentencia del Estatut sería un problema”, para situar ésta en el origen del conflicto actual, ignorando que el origen de dicha sentencia es la gestión del Estatut que hizo él mismo o el propio PSC impulsando en el Pacto del Tinell el cordón sanitario al partido que en aquel momento, 2003, gobernaba España.

Y pongo en duda la sorpresa, porque tampoco es casual que, precisamente a escasas semanas de un debate de investidura de Pedro Sanchez, en el que es necesaria la abstención de los nacionalistas, venga el mediador Zapatero a asumir marcos mentales y a poner indultos preventivos a sentencias judiciales sobre la mesa.

Mientras los catalanes constitucionalistas continuamos peleando contra los marcos mentales, algo huele a podrido en Dinamarca (del Sur): ERC se desmarca de una nueva declaración de independencia en el Parlament al mismo tiempo que Zapatero asume que las decisiones de la justicia incomodan la política nacionalista, toma sentido el “no te preocupes”.

Blanco y en botella.

Siguen en la inopia.

Artículo publicado en ABC.

Con las elecciones generales, las municipales y las europeas, hemos terminado un ciclo electoral, aparentemente porque, aunque las legislaturas sean de cuatro años, especialmente en Catalunya se da un hecho diferencial que es la inestabilidad política en la que nos tienen instalados.

Elecciones tras elecciones, los secesionistas siguen jugando con los sentimientos de los electores para ver quien recaba más apoyos, si los presos o los fugados, sin tener en cuenta que los segundos juegan con ventaja respecto de los primeros, y todos ellos en relación al conjunto de la sociedad catalana que, independentista o no, se ve obligada a mantener un debate que más que estéril e improductivo, es nocivo para la misma.

Todo lo demás es accesorio: da igual que en Europa se hagan políticas de progreso y libertad, o sea tomada por los antieuropeos, da igual quienes sean los socios –y sus políticas-  del PSOE en el Gobierno de España, da igual quienes gobiernen nuestros ayuntamientos, mientras estén al servicio de su república imaginaria. Solo les interesa la independencia y parece que la impunidad a sus actos contra la sociedad, la libertad y el derecho.

No hay política en Cataluña, pero mientras, las empresas siguen huyendo en búsqueda de espacios más estables políticamente, y ello significa que los catalanes, todos, perdemos oportunidades de creación de riqueza, de trabajo y por lo tanto de bienestar.

Desde la inopia es difícil discernir entre lo emocional y lo racional y mientras nos mantengamos en estos términos, estaremos racionalmente empobreciendo nuestra sociedad.

También el Gobierno de España tiene su responsabilidad, la de no entender que los gobernantes catalanes que ocupan todos los rincones de las administraciones y más –cámara de comercio, por ejemplo- no han cejado en su empeño en la ruptura, especialmente la de la propia sociedad catalana.

En Catalunya el debate ya no está entre políticas de derechas o de izquierdas, no está en términos de liberalismo o socialdemocracia, ni tan siquiera está en un debate más o menos nacionalista, el debate hoy en Catalunya es el de la supervivencia de la libertad y el derecho.

Ganar elecciones o gobernar.

Artículo publicado en ABC.

Con la proliferación de partidos políticos de los últimos años vemos que hay partidos cuyo principal objetivo es ganar representación o cuota de poder, incluso ganar elecciones, y otros cuyo objetivo es influir en las transformaciones de la sociedad para mejorar la calidad de vida de las personas, para los que, ganar elecciones, no es una finalidad en sí misma, sino un camino hacia la capacidad de transformar la sociedad a través de la acción de gobierno.

Sin ningún tipo de duda el Partido Popular somos de éstos últimos que además, son los únicos útiles a la sociedad, por eso podemos afirmar que habiendo quedado segundos en éstas elecciones generales, las hemos perdido, porque hemos perdido la capacidad de gobernar o influir en el gobierno para contribuir al bienestar de la sociedad.

Esta visión contrasta con la de aquellos que habiendo obtenido incluso menos apoyos y menos representación que el propio Partido Popular, consideran que han salido victoriosos de ésta contienda electoral por el simple hecho de obtener mayor representación que en anteriores convocatorias, olvidando que la victoria o la derrota se mide por la capacidad de gobernar o al menos de influir en el Gobierno.

Sin duda que es nuestra única responsabilidad transmitir con el acierto necesario las propuestas para la sociedad, y hacernos acreedores de la confianza de las personas para hacerlas realidad a través de mayorías de gobierno suficientes, pero también nuestra obligación denunciar aquellas gestas cuasi heroicas que devienen, más que inútiles, útiles para los adversarios comunes, como ha sucedido en estas elecciones generales.

En pocos días se inicia una nueva campaña electoral, elecciones municipales y europeas, y una vez más el Partido Popular nos presentamos, sí, con el objetivo de obtener los mejores resultados posibles, pero para llevar a la práctica a través de los gobiernos todas aquellas propuestas de mejora de calidad de vida de nuestros vecinos, y por lo tanto ser útiles a la sociedad.

Debemos recordar que unas elecciones, no son una suerte de competición que se realizan un día, sino una decisión cuyas consecuencias se prolongan a lo largo de cuatro años, o cinco en el caso de las europeas.